Este lunes 18 de noviembre, cerca de 14 mil funcionarios de Gendarmería de Chile iniciaron un paro nacional tras no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Justicia sobre mejoras en su carrera funcionaria, la cual ha estado estancada durante varios años. A la movilización, convocada por el Frente de Trabajadores Penitenciarios, se sumaron los funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, quienes se adhirieron a la convocatoria, la cual busca presionar al gobierno debido al incumplimiento de acuerdos previos y la falta de avances en las condiciones laborales de los gendarmes. La decisión de paralizar funciones surge como respuesta al incumplimiento de un acuerdo firmado en 2023, que comprometía al Ministerio de Justicia y a Gendarmería a trabajar en un proyecto de ley para abordar las problemáticas de carrera de los funcionarios. A pesar de que se esperaba que el trabajo comenzara en enero de este año, el proceso se ha retrasado, generando molestias entre los trabajadores. Entre las principales demandas se encuentra la necesidad de aumentar la movilidad en el escalafón de la Planta II de Suboficiales y Gendarmes, especialmente para los años 2025-2026, cuando se prevé un bajo número de vacantes para ascensos. Los trabajadores exigen un plan que contemple 9.400 ascensos en un periodo de dos años, mientras que la propuesta del gobierno solo considera 1.785 ascensos en tres años, lo que ha sido calificado como insuficiente. Esta situación ha llevado a los funcionarios a movilizarse, con la advertencia de que, si no hay avances significativos en las próximas discusiones, las protestas podrían intensificarse, pasando a indefinido.
Este lunes 18 de noviembre, cerca de 14 mil funcionarios de Gendarmería de Chile iniciaron un paro nacional tras no alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Justicia sobre mejoras en su carrera funcionaria, la cual ha estado estancada durante varios años. A la movilización, convocada por el Frente de Trabajadores Penitenciarios, se sumaron los funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, quienes se adhirieron a la convocatoria, la cual busca presionar al gobierno debido al incumplimiento de acuerdos previos y la falta de avances en las condiciones laborales de los gendarmes. La decisión de paralizar funciones surge como respuesta al incumplimiento de un acuerdo firmado en 2023, que comprometía al Ministerio de Justicia y a Gendarmería a trabajar en un proyecto de ley para abordar las problemáticas de carrera de los funcionarios. A pesar de que se esperaba que el trabajo comenzara en enero de este año, el proceso se ha retrasado, generando molestias entre los trabajadores. Entre las principales demandas se encuentra la necesidad de aumentar la movilidad en el escalafón de la Planta II de Suboficiales y Gendarmes, especialmente para los años 2025-2026, cuando se prevé un bajo número de vacantes para ascensos. Los trabajadores exigen un plan que contemple 9.400 ascensos en un periodo de dos años, mientras que la propuesta del gobierno solo considera 1.785 ascensos en tres años, lo que ha sido calificado como insuficiente. Esta situación ha llevado a los funcionarios a movilizarse, con la advertencia de que, si no hay avances significativos en las próximas discusiones, las protestas podrían intensificarse, pasando a indefinido.