Con el objetivo de dar vida a una instancia intersectorial, se constituyó en la comuna de Panquehue la primera mesa migrantes, que se focalizara en trabajar con la población que ejecuta alguna acción laboral o tengan residencia en la comuna. Lo anterior se inserta como parte del programa migrante que se instauro el 17 de abril en las comunas de Panquehue, Catemu y Llay Llay. Marcela Castro Enfermera y Sofía Urbina Trabajadora Social, Dupla Socio-Sanitaria del programa migrante explicaron que el objetivo de esta instancia es poder crear una mesa intersectorial para así poder trabajar con usuarios bajo esta modalidad “lo que pasa es que se ha visualizado que las personas en calidad de migrantes son de paso, si bien vienen a trabajar en la comuna de Panquehue, viven en otras comunas del valle de Aconcagua. Po lo tanto como Cesfam y Dupla Socio-Sanitaria queremos hacer una estadística para saber cuántos son los usuarios que actualmente se encuentran inscritos en nuestro Cesfam de Panquehue. Ahora independiente de su condición migratoria, estas personas tienen una ley que los ampara y que pueden acceder a una prestación gratuita en la salud pública, ya sea en las modalidades de la atención primaria como secundaria”. Sofía Urbina por su parte comentó que otro de los puntos tratados en la mesa técnica, tuvo relación en poder avanzar en la realización de un catastro y de esta forma visibilizar la nacionalidad de la población más fuerte en la comuna de Panquehue “este es un fenómeno bastante particular acá en el valle de Aconcagua, ya que a diferencia de otras comunas, nosotros en el valle de Aconcagua tenemos mucha población Boliviana, incluso más que Venezolana y es por las características de la zona agrícola por lo que viene más gente a trabajar, por lo tanto nuestros estudios indican que tenemos en segunda instancia una considerable población Haitiana y en tercer lugar Venezolana; sin embargo se hizo presente en esta mesa la necesidad de elaborar el mencionado catastro en la comuna de Panquehue y desde ahí elaborar nuestras directrices de acción”. En tanto el alcalde Gonzalo Vergara reconoce la importancia de incluir a la población migrante en las decisiones y proyectos locales. Su visión es construir un Panquehue inclusivo, donde todas las personas, independientemente de su origen, tengan acceso a oportunidades y servicios. Para lograrlo, se has comprometido en trabajar en conjunto con las autoridades, la sociedad civil y los migrantes para crear soluciones que beneficien a todos. Junto a las profesionales de la Dupla Socio-Sanitaria, formaron parte de esta primera mesa migrante en la comuna, la Directora de la DIDECO del municipio, Camila Aragón, la Directora del DAEM Cecilia Córdova, el Asesor Jurídico Girlondy C habouty, la Encargada de la Oficina de Organizaciones Comunitarias Carolina Vergara y las Trabajadoras Sociales Javiera Hidalgo y Natalia Urtubia.
Durante la mañana de este viernes, el Ministerio del Interior informó que 42 personas extranjeras fueron expulsados de nuestro país en un avión de la Fuerza Aérea. Ante esto, de las 42 expulsiones dictadas por el Servicio de Nacional de Migraciones (Sermig), 26 fueron judiciales al cometer delitos con penas inferiores a 5 años y 1 día que se mantenían privados de libertad y 16 expulsiones administrativas por cometer infracciones migratorias graves. Para detallar, los extranjeros expulsados son de nacionalidad Colombiana, Boliviana, Ecuatoriana y Dominicana. Además, según información del Sermig dichas personas habrían cometido delitos de robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de drogas, violación, posesión de armas prohibidas, receptación de vehículos, entre otros. Asimismo, el director nacional del Sermig, Luis Eduardo Thayer señaló queel gobierno envió un proyecto para poder expulsar a las personas condenadas por delitos de la ley 20 mil, pero un sector de la oposición en el Senado, se opone a aprobarlo. Finalmente, desde el Ministerio del Interior detallaron que tanto el gobierno como migraciones priorizan las expulsiones de personas que cometieron delitos en Chile, con antecedentes penales o que ya cumplieron su condena.
El diputado republicano por Tarapacá, Renzo Trisotti, ha presentado un proyecto de ley en respuesta a las crecientes cifras de migrantes ilegales ingresando al país por pasos no habilitados. La iniciativa busca penalizar con tres a cinco años de prisión y multas que oscilan entre los 3,2 y 6,5 millones de pesos a aquellos que faciliten el traslado de inmigrantes ilegales, comúnmente conocidos como coyotes. Presentamos esta iniciativa como una forma de perseguir a esos inescrupulosos que, sin importarles la seguridad del país, facilitan el transporte a personas extranjeras e indocumentadas que ingresan al territorio nacional por pasos irregulares, poniendo en riesgo a millones de chilenos y extranjeros residentes de manera legal , sostuvo Trisotti. Este proyecto de ley modifica el Artículo 411 Bis del Código Penal, que actualmente sanciona el ingreso ilegal al país. Las cifras recientes proporcionadas por la Policía de Investigaciones (PDI) de la región de Tarapacá, una de las más afectadas por este fenómeno, indican que de las 577 mil personas controladas ingresando a Chile en 2023, 11.320 fueron denunciadas por infringir la Ley de Migración. De estas, el 88,5% ingresó a través de pasos no habilitados. Trisotti enfatizó que este es un problema ya identificado que no se pudo resolver con la actual legislación y la regulación anunciada por el Gobierno a través del Ministerio de Transportes. Es por eso que hoy queremos quebrar este eslabón de la cadena que es el ingreso irregular de personas a Chile . El diputado también señaló que muchos de los inmigrantes ilegales están vinculados a actividades delictivas o son parte de bandas criminales transnacionales, como el conocido 'Tren de Aragua'. El documento presentado por Trisotti detalla que el tipo penal de tráfico de migrantes fue incorporado al Código Penal Chileno en 2011, tras la suscripción de la Convención de Palermo y sus protocolos, y con la entrada en vigencia de la ley 20.507. Esta ley tipifica los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas, estableciendo normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Según la definición de las Naciones Unidas, el Tráfico Ilícito de Migrantes se refiere a la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material . Trisotti concluyó que el ingreso ilegal es condición indispensable para la configuración del tipo penal del Tráfico de Migrantes.
De acuerdo a un informe entregado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) entre enero y mayo de este año, el 51% de los migrantes fueron expulsados por orden administrativa. Ante esto, el Sermig presentó ante la Cámara de Diputados según consignó La Tercera, un informe donde revela que 425 personas han sido expulsadas de Chile. Asimismo, del total de expulsiones, 218 casos fueron de tipo administrativas y 207 corresponden a órdenes del Poder Judicial. En tanto, el director de Migraciones, Luis Thayer aseguró que ha existido un aumento en las expulsiones administrativas y señaló quehay que seguir avanzando para reducir la brecha entre la capacidad del Estado de materializar expulsiones y la cantidad de expulsiones vigentes. Dado lo anterior, según las cifras que se entregaron, del total de expulsiones materializadas la mayoría corresponde a ciudadanos colombianos con 161 expulsiones, seguido por ciudadanos venezolanos con 150 casos. Luego más atrás se encuentran migrantes de Bolivia con 35 casos, Perú con 6%, Ecuador con 3% y Haití con 1%. Así también, Thayer se refirió al tipo de expulsiones y aseguró queno discriminan o priorizan por nacionalidad. El criterio es expulsar a quienes han cometido delitos o han incurrido en faltas migratorias graves, independiente de su nacionalidad. Por cierto, materializar las expulsiones implica la colaboración de los países de origen, en cuanto a la certificación y verificación de sus identidades. Finalmente, el informe también reveló que el numero de ingresos clandestinos entre el mes de enero y abril asciende a 11.705 personas, según denuncias recibidas por PDI.
Con el objetivo de dar vida a una instancia intersectorial, se constituyó en la comuna de Panquehue la primera mesa migrantes, que se focalizara en trabajar con la población que ejecuta alguna acción laboral o tengan residencia en la comuna. Lo anterior se inserta como parte del programa migrante que se instauro el 17 de abril en las comunas de Panquehue, Catemu y Llay Llay. Marcela Castro Enfermera y Sofía Urbina Trabajadora Social, Dupla Socio-Sanitaria del programa migrante explicaron que el objetivo de esta instancia es poder crear una mesa intersectorial para así poder trabajar con usuarios bajo esta modalidad “lo que pasa es que se ha visualizado que las personas en calidad de migrantes son de paso, si bien vienen a trabajar en la comuna de Panquehue, viven en otras comunas del valle de Aconcagua. Po lo tanto como Cesfam y Dupla Socio-Sanitaria queremos hacer una estadística para saber cuántos son los usuarios que actualmente se encuentran inscritos en nuestro Cesfam de Panquehue. Ahora independiente de su condición migratoria, estas personas tienen una ley que los ampara y que pueden acceder a una prestación gratuita en la salud pública, ya sea en las modalidades de la atención primaria como secundaria”. Sofía Urbina por su parte comentó que otro de los puntos tratados en la mesa técnica, tuvo relación en poder avanzar en la realización de un catastro y de esta forma visibilizar la nacionalidad de la población más fuerte en la comuna de Panquehue “este es un fenómeno bastante particular acá en el valle de Aconcagua, ya que a diferencia de otras comunas, nosotros en el valle de Aconcagua tenemos mucha población Boliviana, incluso más que Venezolana y es por las características de la zona agrícola por lo que viene más gente a trabajar, por lo tanto nuestros estudios indican que tenemos en segunda instancia una considerable población Haitiana y en tercer lugar Venezolana; sin embargo se hizo presente en esta mesa la necesidad de elaborar el mencionado catastro en la comuna de Panquehue y desde ahí elaborar nuestras directrices de acción”. En tanto el alcalde Gonzalo Vergara reconoce la importancia de incluir a la población migrante en las decisiones y proyectos locales. Su visión es construir un Panquehue inclusivo, donde todas las personas, independientemente de su origen, tengan acceso a oportunidades y servicios. Para lograrlo, se has comprometido en trabajar en conjunto con las autoridades, la sociedad civil y los migrantes para crear soluciones que beneficien a todos. Junto a las profesionales de la Dupla Socio-Sanitaria, formaron parte de esta primera mesa migrante en la comuna, la Directora de la DIDECO del municipio, Camila Aragón, la Directora del DAEM Cecilia Córdova, el Asesor Jurídico Girlondy C habouty, la Encargada de la Oficina de Organizaciones Comunitarias Carolina Vergara y las Trabajadoras Sociales Javiera Hidalgo y Natalia Urtubia.
Durante la mañana de este viernes, el Ministerio del Interior informó que 42 personas extranjeras fueron expulsados de nuestro país en un avión de la Fuerza Aérea. Ante esto, de las 42 expulsiones dictadas por el Servicio de Nacional de Migraciones (Sermig), 26 fueron judiciales al cometer delitos con penas inferiores a 5 años y 1 día que se mantenían privados de libertad y 16 expulsiones administrativas por cometer infracciones migratorias graves. Para detallar, los extranjeros expulsados son de nacionalidad Colombiana, Boliviana, Ecuatoriana y Dominicana. Además, según información del Sermig dichas personas habrían cometido delitos de robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de drogas, violación, posesión de armas prohibidas, receptación de vehículos, entre otros. Asimismo, el director nacional del Sermig, Luis Eduardo Thayer señaló queel gobierno envió un proyecto para poder expulsar a las personas condenadas por delitos de la ley 20 mil, pero un sector de la oposición en el Senado, se opone a aprobarlo. Finalmente, desde el Ministerio del Interior detallaron que tanto el gobierno como migraciones priorizan las expulsiones de personas que cometieron delitos en Chile, con antecedentes penales o que ya cumplieron su condena.
El diputado republicano por Tarapacá, Renzo Trisotti, ha presentado un proyecto de ley en respuesta a las crecientes cifras de migrantes ilegales ingresando al país por pasos no habilitados. La iniciativa busca penalizar con tres a cinco años de prisión y multas que oscilan entre los 3,2 y 6,5 millones de pesos a aquellos que faciliten el traslado de inmigrantes ilegales, comúnmente conocidos como coyotes. Presentamos esta iniciativa como una forma de perseguir a esos inescrupulosos que, sin importarles la seguridad del país, facilitan el transporte a personas extranjeras e indocumentadas que ingresan al territorio nacional por pasos irregulares, poniendo en riesgo a millones de chilenos y extranjeros residentes de manera legal , sostuvo Trisotti. Este proyecto de ley modifica el Artículo 411 Bis del Código Penal, que actualmente sanciona el ingreso ilegal al país. Las cifras recientes proporcionadas por la Policía de Investigaciones (PDI) de la región de Tarapacá, una de las más afectadas por este fenómeno, indican que de las 577 mil personas controladas ingresando a Chile en 2023, 11.320 fueron denunciadas por infringir la Ley de Migración. De estas, el 88,5% ingresó a través de pasos no habilitados. Trisotti enfatizó que este es un problema ya identificado que no se pudo resolver con la actual legislación y la regulación anunciada por el Gobierno a través del Ministerio de Transportes. Es por eso que hoy queremos quebrar este eslabón de la cadena que es el ingreso irregular de personas a Chile . El diputado también señaló que muchos de los inmigrantes ilegales están vinculados a actividades delictivas o son parte de bandas criminales transnacionales, como el conocido 'Tren de Aragua'. El documento presentado por Trisotti detalla que el tipo penal de tráfico de migrantes fue incorporado al Código Penal Chileno en 2011, tras la suscripción de la Convención de Palermo y sus protocolos, y con la entrada en vigencia de la ley 20.507. Esta ley tipifica los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas, estableciendo normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Según la definición de las Naciones Unidas, el Tráfico Ilícito de Migrantes se refiere a la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material . Trisotti concluyó que el ingreso ilegal es condición indispensable para la configuración del tipo penal del Tráfico de Migrantes.
De acuerdo a un informe entregado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) entre enero y mayo de este año, el 51% de los migrantes fueron expulsados por orden administrativa. Ante esto, el Sermig presentó ante la Cámara de Diputados según consignó La Tercera, un informe donde revela que 425 personas han sido expulsadas de Chile. Asimismo, del total de expulsiones, 218 casos fueron de tipo administrativas y 207 corresponden a órdenes del Poder Judicial. En tanto, el director de Migraciones, Luis Thayer aseguró que ha existido un aumento en las expulsiones administrativas y señaló quehay que seguir avanzando para reducir la brecha entre la capacidad del Estado de materializar expulsiones y la cantidad de expulsiones vigentes. Dado lo anterior, según las cifras que se entregaron, del total de expulsiones materializadas la mayoría corresponde a ciudadanos colombianos con 161 expulsiones, seguido por ciudadanos venezolanos con 150 casos. Luego más atrás se encuentran migrantes de Bolivia con 35 casos, Perú con 6%, Ecuador con 3% y Haití con 1%. Así también, Thayer se refirió al tipo de expulsiones y aseguró queno discriminan o priorizan por nacionalidad. El criterio es expulsar a quienes han cometido delitos o han incurrido en faltas migratorias graves, independiente de su nacionalidad. Por cierto, materializar las expulsiones implica la colaboración de los países de origen, en cuanto a la certificación y verificación de sus identidades. Finalmente, el informe también reveló que el numero de ingresos clandestinos entre el mes de enero y abril asciende a 11.705 personas, según denuncias recibidas por PDI.