El Gobierno ha anunciado una propuesta para reparar la deuda histórica de los docentes, con montos que oscilan entre los 4,5 y 5 millones de pesos para cada uno de los 58 mil profesores perjudicados por el recorte salarial durante la dictadura. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, señaló en entrevista con Cooperativa que esta es la primera vez en más de cuatro décadas que el Estado presenta una oferta concreta sobre la mesa.
Ante esto, Aguilar valoró la iniciativa del Ejecutivo, aunque subrayó que la propuesta aún está incompleta, ya que falta definir los plazos de pago. Según el dirigente, la entrega de los fondos no será simultánea para todos los afectados, sino que se hará de forma escalonada, aspecto que se espera se resuelva en una reunión que el Gobierno tiene programada para este viernes.
El líder del gremio, hizo un llamado a considerar el impacto humano de la decisión y no reducirla a meras cifras. Asimismo, adelantó que el Magisterio realizará una consulta el 28 y 29 de octubre para que los docentes afectados evalúen si la oferta es aceptable. Aunque las expectativas de compensación eran mayores, Aguilar reconoció que, dado que la deuda ha sido calificada como moral más que legal, no todas las reparaciones pueden ser 100% justas.
"Nuestros colegas tienen que decidir si esta propuesta les resulta aceptable, considerando que toda reparación nunca abarca por completo el daño sufrido", concluyó el dirigente.
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Tras la posibilidad que existió para presentar excusas, el pasado sábado 12 de octubre fue entregada la lista definitiva de quienes deberán cumplir con la obligación como Vocales de Mesa para las próximas elecciones. Bajo esa lógica hoy ya no existe otra alternativa y quienes por equis motivo no realicen dicha función serán denunciados ante el Juzgado de Policía Local. Será esa la oportunidad para explicar las razones, definiéndose en ese momento si corresponde o no, la multa.
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El encuentro contó con la participación de Carabineros, la PDI y el Ejército, con quienes se revisaron los aspectos logísticos y de seguridad en los locales de votación de la provincia de San Felipe.